Democracia en tiempos de Juanito: Intereses Creados y el Zoon Politikon Mechica

El candidato electo a jefe delegacional de Iztapalapa preocupa a más de un analista político estos días. Sin embargo, habrá que preguntarle a esos llamados 'sabios de la política' qué es lo que les preocupa del asunto. Sucede que el comportamiento de Juanito en las últimas semanas era de esperarse. Difícil predecir, pero no improbable. El asunto tiene que ver con los llamados intereses creados; que no son, como podría parecer algunas veces en el discurso de los politólogos, intereses oscuros o manos negras que tejen la política tras bambalinas. No, los intereses creados son el pan nuestro de cada día de cualquier análisis de política serio. Los intereses creados se llaman así porque no son naturales, propios de una persona en el poder, sino que devienen de una estructura institucional que lo conecta con otros actores, limita su capacidad de acción y ofrece recompensas (monetaria o de otra forma) por otros tipos de comportamiento. En palabras sencillas los 'intereses creados' surgen del lugar que se ocupa en el juego político. Tal como en un juego de futbol el interés primordial de un portero es que no le metan gol y el de un delantero es meterlo; estos intereses tienen poco que ver con ser 'Guillermo Ochoa' o 'Miguel Sabha" y más con ser delantero o portero.

El juego que Juanito juega es el de la democracia representativa; el que gana las elecciones ocupa un cargo que crea intereses particulares. Estos intereses van desde el interés por la quincena y el interés por repartir puestos políticos, hasta el interés por apuntalar una 'esperanzadora carrera política y aspirar a la silla presidencial'. Juanito no se ha vuelto loco, ni ha perdido el piso, él ganó las elecciones; o por lo menos eso dice la autoridad electoral. También revela una práctica política—no sólo Mexicana—de negociación de cuotas candidatos y acuerdos políticos. No será la primera vez que un candidato renuncia para dejar su puesto a alguien más—ni aquí ni en ninguna otra democracia representativa. ¿Cuál es entonces el problema con Juanito? El problema, o la diferencia, es que parece ser que atacar a Juanito es atacar a la clase política mexicana y sus prácticas oscuras y a Andrés Manuel López Obrador por el otro. Apuesto que cualquiera de nosotros le gritaría: ¡bruto! Si Juanito decidiera abdicar a favor de Clara Brugada. Más allá de consideraciones moralinas—o pseudoéticas—que todo el mundo vocifera. El asunto es que así funciona la política. Si Juanito jugó con López obrador fue porque no tenía nada que perder y ahora no hay manera de que AMLO o nadie más lo obligue a dejar lo que ya tiene.

La culpa es de AMLO, si y no. Juanito faltó a su palabra, pero ya debería saber Andrés Manuel que prometer en política implica un intercambio. No fue Andrés Manuel el que prometió respetar la institucionalidad electoral y a la hora de la hora la empujo hasta el límite. Midiendo las posibilidades del intercambio, los enemigos de AMLO tienen más interés (creado) por apuntalar a al rebelde Juanito y todos los que están en contra de AMLO son más y tienen más recursos que AMLO solo. Ahí están: Marcelo (para el que el asunto era de sumo incómodo), el PAN en el DF, Nueva Izquierda y los que se sumen. Todo lo que gane Juanito de hoy en adelante, será una pérdida directa para Andrés Manuel. Juanito no ha perdido el piso, en el momento en que el trato no le pareció justo o cuando notó que las alternativa de renunciar le resultaba poco rentable, decidió hacer público su encontronazo con sus antiguos aliados. Una vez hecho esto y con la lluvia de apoyo y atención, resultó claro que si AMLO y su séquito no tenían nada que ofrecer que compensara la pérdida de sus quincenas, viáticos, posiciones políticas a repartir y atención mediática, sería una tarugada cumplir su palabra. En las condiciones cambiadas de un 'Juantio electo' renunciar hubiera significado perder porque AMLO ya no tiene nada que pueda competir con los recursos (materiales e inmateriales) que ha amasado Rafael Acosta en las últimas semanas.

El asunto revela tres cosas 1) los intereses creados son más que lo que se imagina la gente; comprar a alguien es más difícil que ofrecerle un puesto, 2) los intereses creados, institucionalmente, son más estables que lo que pueda prometer el legítimo AMLO, 3) que tan poderosa es el halo político de AMLO que no puede siquiera entrarle a un quid pro quo sencillito en el cual asegurar la cooperación de Juanito. En pocas palabras, Juanito no está loco y haría lo mismo que si de repente le dicen a 'Guillermo Ochoa'… vas de delantero; Ochoa tendría que dedicarse a meter goles y no a pararlos. Eso si, no podemos asegurar que Ochoa vaya a ser tan efectivo como Sabha. Eso es lo que parece tener muy preocupados a los comentaristas políticos: por un lado la legitimidad y por otro la capacidad de Juanito. Si se preocupan por eso de la legitimidad probablemente deberíamos quedarnos tranquilos de que AMLO no logró moldear la institucionalidad a su conveniencia; las instituciones democráticas están diseñadas de tal manera que los electos tienen incentivos para gobernar. A los que les preocupa la capacidad….¡pus que no están viendo! En la democracia no escogemos a los mejores, el mecanismo es para escoger a los que se postulan no hay mecanismos para asegurar sus aptitudes políticas. Y en todo caso parece que a lo que le sobra a Juantio son aptitudes políticas; reconoce claramente sus estrategias dominantes y las ejecuta con gran naturalidad. Juanito es el zoon politikon mechica.

Ecuador y Chile Firman Acuerdo Militar: El Dilema de Seguridad y el quid pro quo

El diario la Jornada reportó que los gobiernos de Ecuador y Chile firmaron un convenio militar para hacer públicas sus compras de armamentos. El canciller Chileno, Mariano Fernández, aseguro que éste era un ejercicio de transparencia. Fernández, sugirió que la transparencia en compra de armamentos por ambos países era un ejercicio de rendición de cuentas. Sin embargo, el Canciller ecuatoriano, Fander Falconi, pareció dar un esbozo mucho más claro de las intenciones del tratado. Según Falconi, se trata de dejar claro que los gobiernos hacen compras de armamento con fines defensivos—¡ese término debe ir subrayado!

A pesar de lo tenue de la nota periodística debemos estar al mismo tiempo pendientes y tranquilos sobre las compras de armamento en la región latinoamericana. Si bien, en los últimos años se ha hablado de la existencia de una 'carrera armamentista' en la región debido al incremento de varios países en sus presupuestos militares y la consecuente compra de armas, debe también quedar claro que todos los gobiernos compran armas—que el problema no son las armas sino las percepciones que éstas generan. En relaciones internacionales, la condición sine qua non de una carrera armamentista se denomina un dilema de seguridad.

El dilema de seguridad está dado por la condición de anarquía internacional y la búsqueda de seguridad. En pos de la seguridad nacional, los estados buscan proveerse de los mecanismos adecuados para proteger su integridad territorial y asegurar la supervivencia. Uno de estos mecanismos es tener un ejército capaz de defender el territorio y para tener esto las armas son necesarias. El 'dilema' surge cuando un estado B en búsqueda de su propia seguridad decide comprar armas, y esta decisión causa que un estado C, usualmente un vecino, perciba esta compra como una amenaza. Si el país B compra armas, C pensará que puede usarlas con fines agresivos más que defensivos. Este razonamiento puede llevara a una espiral donde B y C responden con más compras de armas cada que uno o el otro percibe que su vecino, posible enemigo, acumula más recursos para hacer la guerra. Robert Jervis, ha sugerido que el dilema de seguridad resulta de la percepción, errónea o acertada, de las armas; que son una herramienta de seguridad en un Estado y pueden ser percibidas como elementos que minan o amenazan la seguridad del otro.

Sugestivo en la nota es que parece ser que el tratado se firmo en el contexto de otras negociaciones. Especialmente la decisión de Chile por cooperar en materia de exploración y explotación de recursos naturales con el gobierno ecuatoriano (cobre y petróleo). Es singular porque revela un mecanismo que se conoce en ciencia política y negociación como quid pro quo o en su versión popular en inglés: tit-for-tat politics. Se trata pues de un proceso de negociación sencillo donde uno de los jugadores es capaz de obtener beneficios de una negociación a través de condicionar la cooperación en un área determinada (cooperación para la explotación de recursos naturales) con un área que usualmente no estaría directamente vinculada (cooperación militar). Al parecer Chile fue capaz de vincular el interés ecuatoriano por seguir cooperando en materia económica y el interés Chileno por prevenir una carrera armamentista entre las dos naciones, tratando de atacar el problema generado por un dilema de seguridad entre los dos países. Así que está bien estar pendiente, pero no hay que perder la tranquilidad, los gobiernos están tomado medidas para prevenir una posible escalada no defensiva en las compras de armas en la región.

Cheney contra Obama: ¿investigación sobre tortura un programa político?

El New York times reportó hoy la postura del ex-vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, respecto a la decisión del Departamento de Justicia, a cargo de Eric H. Holder por investigar las prácticas de la CIA. Holder decidió crear una comisión investigadora para indagar sobre los alegatos de excesos y violaciones de derechos humanos cometidos por agentes de la CIA en el contexto de la Guerra Contra el Terrorismo. Cheney dejó claro que la investigación tiene, desde su perspectiva, un tono claramente político y que puede tener efectos contrarios a los intereses de los Estados Unidos.

De acuerdo con Cheney, investigar las prácticas de la CIA respecto a la interrogación de presuntos terroristas podría desmoralizar a la institución y sus agentes y generar un impasse operativo que podría generar que EU se volviera a ver vulnerable ante nuevos ataques terroristas. Cheney asegura que, en los últimos ocho años las prácticas de la CIA proveyeron información de inteligencia que logró salvar un sinnúmero de vidas norteamericanas. Cheney recalcó que, en lugar de lanzar una investigación, la administración de Obama debería preguntarle a la administración anterior cómo logró evitar ataques terroristas contra Estados Unidos los últimos ocho años. Según Cheney esta es la evidencia que muestra la efectividad de las prácticas de la CIA.

Alguien sin duda debería preguntarle a las administraciones anteriores a la administración Bush, cómo es que se logró tener más de medio siglo sin atentados terroristas (internacionales por lo menos). Además deberíamos preguntar también si los atentados terroristas dirigidos a blancos americanos en Iraq y alrededor del mundo no califican como atentados terroristas. Sin embargo, la argumentación—supuestamente pragmática—utilitaria de Dick Cheney deja mucho que desear en términos de lógica y consecuencias. El razonamiento consecuencialista de Cheney está fundado en la noción de que la protección de la forma de vida americana (capitalismo, democracia y libertad), debe defenderse a toda costa. Así la violación de los derechos de detenidos y presuntos terroristas se justifica por la 'supuesta' protección de las vidas de estadounidenses. A la Jack Bauer, Cheney parece reconocer que los límites legales domésticos y principios internacionales importan poco en circunstancias donde, 24 horas bastan para ver desaparecer la nación bajo una nube de radicación nuclear, producto de una 'bomba sucia' vinculada con redes terroristas internacionales.

Sin embargo, el movimiento político de Obama, que sin duda lo es, es más que un ejercicio de cacería de brujas. La lógica de las consecuencias—utilitaria—de la administración Bush, logró alienar a la opinión pública internacional. Asuntos como Guantanamo, las prisiones en Afganistan e Iraq y los escándalos de tortura perpetrados en terceros países, hicieron no sólo que los EU enfrentara una crisis de legitimidad internacional. En asuntos domésticos las voces que criticaban las prácticas, claramente ilegales del gobierno americano, rompían filas partidistas y reconocían que la identidad de los Estados Unidos como una democracia donde el estado de derecho está vigente, peligraba.

Lo que parece una confrontación política contra la administración anterior—o así lo querría representar Cheney—es más bien un ejercicio mucho más consistente de recomposición de los principios que regulan la vida misma dentro de las fronteras de los EU. Así mismo es un intento por recomponer la legitimidad política con la que los EU solían gozar incluso ante los ojos más críticos. Si bien se podían criticar sus tácticas, los objetivos y los mecanismos de acción solían, por lo menos, no ser tan malos. No se trata aquí de olvidar las arbitrariedades e intervenciones. Sin embargo, debemos contemplar la posibilidad de que existan diferentes tenores de intervención. Sólo habría que comparar la Primera Guerra del Golfo con la Segunda.

Entonces, la apuesta de Obama tiene dos objetivos claros, uno doméstico y otro internacional. Por un lado está la necesidad de saldar cuentas y cumplir promesas: la investigación saldará cuentas si logra generar la precepción de que incluso ante las circunstancias más apremiantes, incluso después del hecho, nadie en los Estados Unidos está facultado para actuar por encima de la ley. Es importante que los americanos reconozcan que el estado de derecho está vigente y que aún ante situaciones apremiantes aquellos que violan la ley tienen la obligación de justificar sus acciones ante una comunidad moral. Es decir, deben estar seguros que aquellos que torturan y violan derechos fundamentales de propios y ajenos estarán siempre sujetos al escrutinio. Seguir solapando la discrecionalidad de la CIA vendría a dar al traste a las nociones de gobierno limitado y derechos que son el fundamento de la vida política en los EU. Es cierto que es imposible resarcir los daños causados a los torturados y detenidos. Pero sólo por eso no hay que entender esto como un simulacro. La justicia humana, de instituciones y leyes, suele actuar de esa manera, se la requiere ahí cuando un juicio es necesario para asignar responsabilidades—si existe la posibilidad de castigo o reparación es ya un asunto que debe evaluarse, pero no podemos decir que la justicia no debe buscarse porque es imposible resarcir el daño. El escrutinio es el primer paso para la rendición de cuentas y la preservación del estado limitado. Institucionalmente el Departamento de Justicia tiene la atribución de velar por la división de poderes y funcionar como un mecanismo de checks and balances. Se trata de recomponer la institucionalidad e identidad del gobierno y los principios que regulan la vida política—no es una cacería de brujas. El segundo objetivo es el de recomponer la imagen internacional de los EU y volver a hacer de este país, para bien o para mal, un modelo que apele a las nuevas generaciones de ciudadanos del mundo. Se trata de revivir el sueño americano como una herramienta de soft power que ayude a competir contra el poder ideológico de las corrientes religioso-fundamentalistas y antiamericanas en el mundo. Esto es un trabajo de largo plazo y debe estar vinculado con políticas que coadyuven al desarrollo económico y social de los países en desarrollo y en términos de política exterior parece que Obama lo tiene en cuenta.

La postura de Cheney hace alusión a las posturas utilitarias que pueden defender la barbarie en pos del beneficio de la mayoría, muy en línea con el pensamiento utilitario de Jeremy Bentham. Decir que la política de Obama no es utilitaria y se define por un pensamiento deontológico (de imperativos categóricos sin importar las consecuencias) sería errado. Sin embargo la política de Obama, parece estar más en línea con concepciones éticas derivadas Mill, donde existen valores fundamentales que no obedecen a la lógica de las consecuencias; es decir, hay ciertos valores donde los juicios sobre las consecuencias no aplican. Extrañamente, parece ser que el idealismo político se presenta aquí respaldando las opiniones de Dick Cheney: idealmente la lógica de las consecuencias debería defender los intereses de los más, pero algunas veces esas consecuencias ponen en peligro otros valores que nos gustaría defender. Es esa convicción utilitaria la que lleva a Cheney a apostar por el militarismo y la disolución del estado de derecho en pos de la prevención del terrorismo y la preservación del orden internacional. Así la visión de Obama parece mucho más pragmática: en el ejercicio de Obama se nota esta convicción de que la política es un juego de poder y moralidad, donde ninguna sola es útil sin la otra en el largo plazo. El pragmatismo político no es necesariamente una virtud del realismo político. Una dosis demasiado realista puede hacer que los realistas más concienzudos caigan en la trampa de asignarle al realismo político el carácter de un marco normativo de acción (idealismo) y no una serie de principios de juicio necesarios para la acción.

Discursos de Seguridad Nacional: Ecuador y el Golpe que vendrá.

 

El gobierno de Ecuador ha hecho del conocimiento público que algunos militares en retiro podrían representar una amenaza para el gobierno de Rafeal Correa. La preocupación central reside en la posibilidad de que—como en Honduras en junio—los militares puedan conspirar y orquestar un golpe de estado. A primera vista, podría parecer uno más de esos asuntos políticos donde los gobernantes inventas grandes pantallas de humo para esconder sus propósitos reales. Obrador y su Salinas, Calderón y su Narco—son ejemplos de estas construcciones discursivas que parecen evadir la lógica, la evidencia y la prudencia en las declaraciones de los políticos. Sin embargo, la mayoría de las veces sucede qué, como con los molinos/gigantes de Don Quijote, las pantallas de humo discursivas, más que velar los intereses de los líderes o intenciones reales, reflejan preocupaciones que son percibidas de manera muy 'realista' por sus allegados, seguidores y asesores.

 

Así como Don Quijote dice a su escudero: la ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla, y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer: que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? dijo Sancho Panza.

El político dice también a sus seguidores, en este caso Correa en Ecuador: aquellos militares se han juntado, alrededor de 70 de ellos han conspirado y puesto en peligro la estabilidad de este gobierno. Sin embargo, la suerte nos favorece y hemos de defender la revolución. Esta lucha hemos de ganarla, la suerte está echada y no hay marcha atrás: hay que formar comités de la defensa de la revolución.

 

Alrededor de Correa comenzaran a sonar voces que algunas veces como escuderos/sanchos o víctimas/frailes, dirán: no somos lo que usted dice que somos señor correa, nos juntamos los viejos compañeros de armas y nada más. Y, si hablamos mal del gobierno lo hicimos como cualquier otro ciudadano que puede despotricar sobre lo que pasa en esta democracia. Los escuderos pueden apuntar siempre al hecho de que lo que se ha definido como un peligro no lo es en realidad. Sin embargo, el rol asignado a los escuderos es el de apoyo y protección. Cualquier escudero que quiera actuar de manera distinta verá que los beneficios, materiales y simbólicos se verán disminuidos. Sancho Panza no desviste y despoja al monje porque es Sancho Panza sino porque es el escudero de Don Quijote "Sancho Panza que vio en el suelo al fraile, apeándose ligeramente de su asno, arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron en esto dos mozos de los frailes, y preguntáronle que por qué le desnudaba. Respondióles Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente, como despojos de la batalla que su señor Don Quijote había ganado."

 

Así de poderosos son los discursos, definen situaciones, actividades, roles y crean dicotomías. No se trata aquí de averiguar si los discursos son verdad o mentira, la seguridad nacional se representa como discurso y tiene efectos claros. Calderón, saca al ejército a las calles, Andrés Manuel ve a Salinas en cada aparador y esquina. Así también correa ve a sus frailes y gigantes en estos militares y se hace de escuderos; y estos, críticos o no—el pueblo—terminarán envueltos en alguna organización como los comités para la defensa de la revolución que no tendrían sentido sin aquellos frailes y gigantes. Correa si quiere organizar al pueblo pero si bien lo organiza contra molinos de viento, esto no quiere decir que estos molinos no puedan un día actuar como militares golpistas. El asunto en Honduras sólo sirve para ver militares dispuestos a tomar el poder, antes que mirar que parecieran más bien molinos.

Zelaya: interés nacional, ideología y cooperación internacional

¿Cuál es el problema en Honduras? ¿Por qué la comunidad de mandatarios latinoamericanos parecen hacer una danza complicada alrededor del presidente depuesto, Manuel Zelaya? Los artículos de opinión y los reportes periodísticos ayudan a saber un poco sobre los pormenores y perspectivas que informan la convulsión en el continente.

Sin embargo, las prácticas de malabarismo y crítica que ha desatado la crisis hondureña, reclaman un poco de claridad. En conceptos, la danza de un pasito para adelante y otro para atrás, que llevan a cabo los gobiernos del continente es producto de dos condiciones que parecen funcionar de manera contradictoria; ideología e interés nacional.

El interés nacional (individual) de los gobiernos latinoamericanos se ha amalgamado alrededor del principio, muy realista, de que no van a permitir que ningún gobierno de facto adquiera legitimidad entre la comunidad regional de estados. La razón es simple, más allá de las divisiones ideológicas y las diferencias institucionales entre los estados, ningún gobernante en su sano juicio está dispuesto a respaldar un movimiento que depone jefes de estado y gobierno. Hacerlo, enviaría una señal política clara a sus gobernados: deponer gobiernos por la fuerza es aceptable y legítimo. Ningún gobernante, autoritario, demócrata, de izquierda, derecha, revolucionario o comunista, está dispuesto a legitimar este comportamiento entre sus propios opositores.

Por otra parte, encontramos la nube gris de las simpatías ideológicas que marcan también las fallas y puntos de conflicto entre los gobiernos de la región; populismo, socialismo, derecha, izquierda y neoliberalismo informan los comentarios editoriales que critican la aparente falta de consistencia en las políticas exteriores de diferentes países en la región, entre ellos México. Sin embargo, y a pesar de la oscuridad con que los medios han tratado el asunto, estos puntos de quiebre parecen haber pasado a segundo plano.

Ningún gobierno en la región ha podido o querido ahondar en las diferencias ideológicas que pudieran crear patrones de división y conflicto entre los regímenes social-populistas y las derechas-neoliberales. Si los editorialistas quieren seguir ahondando en los pormenores de la llamada hipocresía ideológica es sólo por una suerte de miopía analítica donde no pueden distinguir el carácter pragmático con que los líderes en la región han abordado la crisis en Honduras. No hay puntos de oposición entre los intereses de los diferentes estados en la región. Todos los gobiernos en América Latina defenderán la institucionalidad democrática en Honduras y no por ser democrática sino por que no hacerlo significaría poner sus propias barbas a remojar.

Habrá pues quien critique esta posición pragmática con el argumento de que no se ha logrado restituir a Zelaya. ¡Estas son las mismas voces que suelen decir que la política no resuelve nada, por qué critican lo que ya saben, díganos algo nuevo! Es cierto que hasta ahora los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos y la comunidad internacional, con la Organización de Estados Americanos (OEA) a la cabeza no han logrado mayores avances ni doblegar la resistencia del régimen de Michelleti. Sin embargo, debe quedar bien claro que si bien el objetivo internacional de restituir el orden constitucional en Honduras no se ha logrado; éste funje como un interés colectivo que sirve a los gobiernos individuales como ancla para perseguir sus políticas exteriores de manera coordinada y con visos de cooperación.

Es decir, si Zelaya regresa o no a Honduras y el orden constitucional se restaura, sería una buena solución para todos, pero por lo pronto no reconocer al gobierno de facto de Michelleti es ya ganancia para cualquier gobierno en la región que tema por la estabilidad institucionalidad y su propia seguridad en el poder.

Por último, en el largo plazo habrá que esperar a ver si las medidas unilaterales y multilaterales tomadas por los diferentes actores de la comunidad internacional rinden frutos. Es cierto, los gobiernos latinoamericanos no tienen prisa por ver volver a Zelaya, pero tampoco tienen prisa en reconocer al gobierno de facto como un interlocutor legítimo. Habrá que mirar si es que Honduras puede aguantar el paso incremental de la crítica y las sanciones internacionales.

Ya hemos visto antes los límites y alcances de la presión internacional para cambiar prácticas de derechos humanos y principios democráticos en América Latina. Baste recordar el golpe de estado orquestado contra Hugo Chávez en 2002, las acciones que llevaron a la dimisión, y persecución y enjuiciamiento de Alberto Fujimori y el desarrollo de mecanismos de cooperación regional para la protección de los gobiernos democráticos en las Américas. La Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos han mostrado resultados mixtos, sin embargo, parece que la comunidad de intereses nacionales, entre los estados en América Latina, por no permitir atentados flagrantes contra la institucionalidad harán que en este caso las acciones de la OEA y la comunidad internacional tengan efectos de largo plazo que puedan al fin lograr una vuelta al orden constitucional en Honduras.

El desplazamiento de las diferencias ideológicas por preocupaciones pragmáticas de primer orden –donde los gobiernos no quieren enviar señales peligrosas a sus opositores—funcionará como la amalgama de largo plazo que permitirá debilitar el gobierno de Michelleti a través de las sanciones de la comunidad internacional. Zelaya no ha de regresar muy pronto a Honduras, sin embargo los gobiernos de la región no dejarán de promover su restitución. Lo único que queda por esperar es que los gobiernos de la región no sólo aprovechen la situación para fortalecer su retórica a favor del status quo y promuevan una estrategia de sanciones a largo plazo dirigidas a restituir el régimen democrático en Honduras.

Este es un claro caso donde la efectividad de las acciones de la comunidad internacional depende en gran medida del interés individual y particular de los gobiernos vinculados. No parece ser que este interés por mantener el status quo institucional entre los estados de la región pueda desaparecer en el corto plazo, ni siquiera con alternancia en los gobiernos. El asunto Zelaya llegó para quedarse y si no se resuelve, aún así sirve los intereses de los gobiernos que le apoyan.