El clima de violencia en México le ha ganado a este país un sitio en los reportes de prensa alrededor del mundo. La atención negativa puesta sobre México se ha manifestado en reducciones en los flujos de turistas y visitantes; un ejemplo claro es la caída en el número de estudiantes extranjeros que escogían México para estudiar uno o dos semestres de sus programas de licenciatura. El clima de violencia también ha llamado la atención de defensores y defensoras de derechos humanos, y una buena parte de la comunidad internacional, que miran con preocupación los ataques orquestados contra la sociedad civil por parte del crimen organizado y la arbitrariedad con la que los cuerpos del orden público hacen uso de la fuerza.
Sin embargo, estas preocupaciones humanitarias y de defensa de los derechos de los ciudadanos han dejado de lado, de manera totalmente comprensible, el tema de la fragilidad de las instituciones democráticas en el país. Sin duda, la violación masiva de derechos humanos hace resaltar una clara debilidad de las instituciones de procuración de justicia para llevar a cabo tareas policiacas y de investigación que ofrezcan responsable, sanciones y reparación del daño. Asimismo, existe una clara incapacidad de estas mismas instituciones para prevenir actos atroces y proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. No obstante, estos problemas son más que problemas de derechos humanos o de mantenimiento del orden. La situación de violencia amenaza también a las instituciones democráticas.
Una rasgo sine qua non de las democracias modernas son las elecciones periódicas, competitivas y con opciones reales de alternancia en el poder. A últimas fechas, las evaluaciones sobre las implicaciones de la violencia en los procesos electorales del Gobierno Federal en México deben ser signo de preocupación, particularmente las del Presidente Felipe Calderón,. En una entrevista televisiva en cadena nacional, el presidente aseguró que "está pasando algo muy grave que es la presencia del crimen organizado en las elecciones", y aseguro incluso que esto supone una amenaza contra "la vida del país". Además, reiterando su compromiso con ‘las instituciones’ aseguró que es claro el involucramiento del crimen organizado en los procesos electorales y que habrá que esperar a ver la capacidad de influencia grupos puedan tener en 2012.
Esta retórica es preocupante porque abre las puertas a un clima político de incertidumbre electoral. Es aún más preocupante, cuando esta retórica proviene de un presidente y un aparato de seguridad que han mostrado, en la retórica y en los hechos, que están dispuestos a sacrificar valores, principios e instituciones democráticas en pos de salvar a la nación. Un discurso que cuestiona la capacidad de las instituciones democráticas de resistir las presiones del crimen organizado y que además equipara esto con un riesgo a la vida del país, sólo necesita un paso más, una excusa, para renegar completamente de la legitimidad de los procesos electorales y comenzar coquetear con la ‘necesidad’ de un gobierno de excepción democrática. Esto es, una dictadura de seguridad nacional por falta de condiciones para la celebración de elecciones legítimas. Más que el crimen organizado, es un discurso presidencial el que pone en riesgo la vida democrática del país. No se puede besar a las instituciones y sugerir que habrá que esperar a ver los efectos que tiene el crimen sobre estas. Es cierto, estas son conjeturas pero la retórica presidencial es clara: pueden existir razones para dudar de la legitimidad de las elecciones en 2012.
Es también notable que el presidente no use la retorica de ganar, a cualquier precio, sobre los intereses del crimen organizado. Para quien se acuerde del terriblemente célebre ‘haiga sido como haiga sido’, debe llamar la atención que el presidente no esté convencido quelas elecciones de 2012 deberán ser legítimas a toda costa y que no comunique esta seguridad a la población. ¿Si el presidente duda sobre la legitimidad de las elecciones en 2012, será posible que el Ejército también dude sobre su posición y beneficios en caso de que las elecciones den por ganador a algún candidato más moderado en temas de seguridad? Esta es una combinación explosiva. ¿Cuál será el plan en caso de que existan claras evidencias (o se construyan) de una influencia profunda del crimen organizado en el proceso electoral?
Es cierto el crimen organizado podría tener la capacidad de influir en las elecciones del año próximo. Sin embargo, no es el crimen organizado quien tiene la tarea, el deber, de fortalecer las instituciones y proteger a la ciudadanía. Un presidente que abdica la defensa, sin miramientos, de las instituciones democráticas, aunque sea en la retórica, es el mayor riesgo para la legitimidad del proceso electoral. Un presidente electo democráticamente, que tomó posesión en un clima de suma debilidad de las instituciones electorales, debería tener muy claro que este es el camino hacia la inestabilidad. A menos que tenga un plan claramente delineado de cómo va a salvar al país—y que la lógica de su discurso deja ver que esa solución podría ser poco democrática. Ese es el peor escenario, uno en el que los temas de derechos humanos, debido proceso y estado de derecho ya no tendrían ningún sentido retórico ni práctico, todos estaríamos a merced de lo que la política de excepción requiera para salvar al país.
