El New York times reportó hoy la postura del ex-vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, respecto a la decisión del Departamento de Justicia, a cargo de Eric H. Holder por investigar las prácticas de la CIA. Holder decidió crear una comisión investigadora para indagar sobre los alegatos de excesos y violaciones de derechos humanos cometidos por agentes de la CIA en el contexto de la Guerra Contra el Terrorismo. Cheney dejó claro que la investigación tiene, desde su perspectiva, un tono claramente político y que puede tener efectos contrarios a los intereses de los Estados Unidos.
De acuerdo con Cheney, investigar las prácticas de la CIA respecto a la interrogación de presuntos terroristas podría desmoralizar a la institución y sus agentes y generar un impasse operativo que podría generar que EU se volviera a ver vulnerable ante nuevos ataques terroristas. Cheney asegura que, en los últimos ocho años las prácticas de la CIA proveyeron información de inteligencia que logró salvar un sinnúmero de vidas norteamericanas. Cheney recalcó que, en lugar de lanzar una investigación, la administración de Obama debería preguntarle a la administración anterior cómo logró evitar ataques terroristas contra Estados Unidos los últimos ocho años. Según Cheney esta es la evidencia que muestra la efectividad de las prácticas de la CIA.
Alguien sin duda debería preguntarle a las administraciones anteriores a la administración Bush, cómo es que se logró tener más de medio siglo sin atentados terroristas (internacionales por lo menos). Además deberíamos preguntar también si los atentados terroristas dirigidos a blancos americanos en Iraq y alrededor del mundo no califican como atentados terroristas. Sin embargo, la argumentación—supuestamente pragmática—utilitaria de Dick Cheney deja mucho que desear en términos de lógica y consecuencias. El razonamiento consecuencialista de Cheney está fundado en la noción de que la protección de la forma de vida americana (capitalismo, democracia y libertad), debe defenderse a toda costa. Así la violación de los derechos de detenidos y presuntos terroristas se justifica por la 'supuesta' protección de las vidas de estadounidenses. A la Jack Bauer, Cheney parece reconocer que los límites legales domésticos y principios internacionales importan poco en circunstancias donde, 24 horas bastan para ver desaparecer la nación bajo una nube de radicación nuclear, producto de una 'bomba sucia' vinculada con redes terroristas internacionales.
Sin embargo, el movimiento político de Obama, que sin duda lo es, es más que un ejercicio de cacería de brujas. La lógica de las consecuencias—utilitaria—de la administración Bush, logró alienar a la opinión pública internacional. Asuntos como Guantanamo, las prisiones en Afganistan e Iraq y los escándalos de tortura perpetrados en terceros países, hicieron no sólo que los EU enfrentara una crisis de legitimidad internacional. En asuntos domésticos las voces que criticaban las prácticas, claramente ilegales del gobierno americano, rompían filas partidistas y reconocían que la identidad de los Estados Unidos como una democracia donde el estado de derecho está vigente, peligraba.
Lo que parece una confrontación política contra la administración anterior—o así lo querría representar Cheney—es más bien un ejercicio mucho más consistente de recomposición de los principios que regulan la vida misma dentro de las fronteras de los EU. Así mismo es un intento por recomponer la legitimidad política con la que los EU solían gozar incluso ante los ojos más críticos. Si bien se podían criticar sus tácticas, los objetivos y los mecanismos de acción solían, por lo menos, no ser tan malos. No se trata aquí de olvidar las arbitrariedades e intervenciones. Sin embargo, debemos contemplar la posibilidad de que existan diferentes tenores de intervención. Sólo habría que comparar la Primera Guerra del Golfo con la Segunda.
Entonces, la apuesta de Obama tiene dos objetivos claros, uno doméstico y otro internacional. Por un lado está la necesidad de saldar cuentas y cumplir promesas: la investigación saldará cuentas si logra generar la precepción de que incluso ante las circunstancias más apremiantes, incluso después del hecho, nadie en los Estados Unidos está facultado para actuar por encima de la ley. Es importante que los americanos reconozcan que el estado de derecho está vigente y que aún ante situaciones apremiantes aquellos que violan la ley tienen la obligación de justificar sus acciones ante una comunidad moral. Es decir, deben estar seguros que aquellos que torturan y violan derechos fundamentales de propios y ajenos estarán siempre sujetos al escrutinio. Seguir solapando la discrecionalidad de la CIA vendría a dar al traste a las nociones de gobierno limitado y derechos que son el fundamento de la vida política en los EU. Es cierto que es imposible resarcir los daños causados a los torturados y detenidos. Pero sólo por eso no hay que entender esto como un simulacro. La justicia humana, de instituciones y leyes, suele actuar de esa manera, se la requiere ahí cuando un juicio es necesario para asignar responsabilidades—si existe la posibilidad de castigo o reparación es ya un asunto que debe evaluarse, pero no podemos decir que la justicia no debe buscarse porque es imposible resarcir el daño. El escrutinio es el primer paso para la rendición de cuentas y la preservación del estado limitado. Institucionalmente el Departamento de Justicia tiene la atribución de velar por la división de poderes y funcionar como un mecanismo de checks and balances. Se trata de recomponer la institucionalidad e identidad del gobierno y los principios que regulan la vida política—no es una cacería de brujas. El segundo objetivo es el de recomponer la imagen internacional de los EU y volver a hacer de este país, para bien o para mal, un modelo que apele a las nuevas generaciones de ciudadanos del mundo. Se trata de revivir el sueño americano como una herramienta de soft power que ayude a competir contra el poder ideológico de las corrientes religioso-fundamentalistas y antiamericanas en el mundo. Esto es un trabajo de largo plazo y debe estar vinculado con políticas que coadyuven al desarrollo económico y social de los países en desarrollo y en términos de política exterior parece que Obama lo tiene en cuenta.
La postura de Cheney hace alusión a las posturas utilitarias que pueden defender la barbarie en pos del beneficio de la mayoría, muy en línea con el pensamiento utilitario de Jeremy Bentham. Decir que la política de Obama no es utilitaria y se define por un pensamiento deontológico (de imperativos categóricos sin importar las consecuencias) sería errado. Sin embargo la política de Obama, parece estar más en línea con concepciones éticas derivadas Mill, donde existen valores fundamentales que no obedecen a la lógica de las consecuencias; es decir, hay ciertos valores donde los juicios sobre las consecuencias no aplican. Extrañamente, parece ser que el idealismo político se presenta aquí respaldando las opiniones de Dick Cheney: idealmente la lógica de las consecuencias debería defender los intereses de los más, pero algunas veces esas consecuencias ponen en peligro otros valores que nos gustaría defender. Es esa convicción utilitaria la que lleva a Cheney a apostar por el militarismo y la disolución del estado de derecho en pos de la prevención del terrorismo y la preservación del orden internacional. Así la visión de Obama parece mucho más pragmática: en el ejercicio de Obama se nota esta convicción de que la política es un juego de poder y moralidad, donde ninguna sola es útil sin la otra en el largo plazo. El pragmatismo político no es necesariamente una virtud del realismo político. Una dosis demasiado realista puede hacer que los realistas más concienzudos caigan en la trampa de asignarle al realismo político el carácter de un marco normativo de acción (idealismo) y no una serie de principios de juicio necesarios para la acción.
