¿Cuál es el problema en Honduras? ¿Por qué la comunidad de mandatarios latinoamericanos parecen hacer una danza complicada alrededor del presidente depuesto, Manuel Zelaya? Los artículos de opinión y los reportes periodísticos ayudan a saber un poco sobre los pormenores y perspectivas que informan la convulsión en el continente.
Sin embargo, las prácticas de malabarismo y crítica que ha desatado la crisis hondureña, reclaman un poco de claridad. En conceptos, la danza de un pasito para adelante y otro para atrás, que llevan a cabo los gobiernos del continente es producto de dos condiciones que parecen funcionar de manera contradictoria; ideología e interés nacional.
El interés nacional (individual) de los gobiernos latinoamericanos se ha amalgamado alrededor del principio, muy realista, de que no van a permitir que ningún gobierno de facto adquiera legitimidad entre la comunidad regional de estados. La razón es simple, más allá de las divisiones ideológicas y las diferencias institucionales entre los estados, ningún gobernante en su sano juicio está dispuesto a respaldar un movimiento que depone jefes de estado y gobierno. Hacerlo, enviaría una señal política clara a sus gobernados: deponer gobiernos por la fuerza es aceptable y legítimo. Ningún gobernante, autoritario, demócrata, de izquierda, derecha, revolucionario o comunista, está dispuesto a legitimar este comportamiento entre sus propios opositores.
Por otra parte, encontramos la nube gris de las simpatías ideológicas que marcan también las fallas y puntos de conflicto entre los gobiernos de la región; populismo, socialismo, derecha, izquierda y neoliberalismo informan los comentarios editoriales que critican la aparente falta de consistencia en las políticas exteriores de diferentes países en la región, entre ellos México. Sin embargo, y a pesar de la oscuridad con que los medios han tratado el asunto, estos puntos de quiebre parecen haber pasado a segundo plano.
Ningún gobierno en la región ha podido o querido ahondar en las diferencias ideológicas que pudieran crear patrones de división y conflicto entre los regímenes social-populistas y las derechas-neoliberales. Si los editorialistas quieren seguir ahondando en los pormenores de la llamada hipocresía ideológica es sólo por una suerte de miopía analítica donde no pueden distinguir el carácter pragmático con que los líderes en la región han abordado la crisis en Honduras. No hay puntos de oposición entre los intereses de los diferentes estados en la región. Todos los gobiernos en América Latina defenderán la institucionalidad democrática en Honduras y no por ser democrática sino por que no hacerlo significaría poner sus propias barbas a remojar.
Habrá pues quien critique esta posición pragmática con el argumento de que no se ha logrado restituir a Zelaya. ¡Estas son las mismas voces que suelen decir que la política no resuelve nada, por qué critican lo que ya saben, díganos algo nuevo! Es cierto que hasta ahora los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos y la comunidad internacional, con la Organización de Estados Americanos (OEA) a la cabeza no han logrado mayores avances ni doblegar la resistencia del régimen de Michelleti. Sin embargo, debe quedar bien claro que si bien el objetivo internacional de restituir el orden constitucional en Honduras no se ha logrado; éste funje como un interés colectivo que sirve a los gobiernos individuales como ancla para perseguir sus políticas exteriores de manera coordinada y con visos de cooperación.
Es decir, si Zelaya regresa o no a Honduras y el orden constitucional se restaura, sería una buena solución para todos, pero por lo pronto no reconocer al gobierno de facto de Michelleti es ya ganancia para cualquier gobierno en la región que tema por la estabilidad institucionalidad y su propia seguridad en el poder.
Por último, en el largo plazo habrá que esperar a ver si las medidas unilaterales y multilaterales tomadas por los diferentes actores de la comunidad internacional rinden frutos. Es cierto, los gobiernos latinoamericanos no tienen prisa por ver volver a Zelaya, pero tampoco tienen prisa en reconocer al gobierno de facto como un interlocutor legítimo. Habrá que mirar si es que Honduras puede aguantar el paso incremental de la crítica y las sanciones internacionales.
Ya hemos visto antes los límites y alcances de la presión internacional para cambiar prácticas de derechos humanos y principios democráticos en América Latina. Baste recordar el golpe de estado orquestado contra Hugo Chávez en 2002, las acciones que llevaron a la dimisión, y persecución y enjuiciamiento de Alberto Fujimori y el desarrollo de mecanismos de cooperación regional para la protección de los gobiernos democráticos en las Américas. La Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos han mostrado resultados mixtos, sin embargo, parece que la comunidad de intereses nacionales, entre los estados en América Latina, por no permitir atentados flagrantes contra la institucionalidad harán que en este caso las acciones de la OEA y la comunidad internacional tengan efectos de largo plazo que puedan al fin lograr una vuelta al orden constitucional en Honduras.
El desplazamiento de las diferencias ideológicas por preocupaciones pragmáticas de primer orden –donde los gobiernos no quieren enviar señales peligrosas a sus opositores—funcionará como la amalgama de largo plazo que permitirá debilitar el gobierno de Michelleti a través de las sanciones de la comunidad internacional. Zelaya no ha de regresar muy pronto a Honduras, sin embargo los gobiernos de la región no dejarán de promover su restitución. Lo único que queda por esperar es que los gobiernos de la región no sólo aprovechen la situación para fortalecer su retórica a favor del status quo y promuevan una estrategia de sanciones a largo plazo dirigidas a restituir el régimen democrático en Honduras.
Este es un claro caso donde la efectividad de las acciones de la comunidad internacional depende en gran medida del interés individual y particular de los gobiernos vinculados. No parece ser que este interés por mantener el status quo institucional entre los estados de la región pueda desaparecer en el corto plazo, ni siquiera con alternancia en los gobiernos. El asunto Zelaya llegó para quedarse y si no se resuelve, aún así sirve los intereses de los gobiernos que le apoyan.
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