El año pasado México vivió una de las más amargas experiencias migratorias en su historia. Para un país que ha hecho de su política de asilo y protección de extranjeros una de sus banderas de política exterior y carta de presentación en el mundo, el asesinato masivo de migrantes en la región norte del país fue como un balde de agua fría que refleja y muestra realidades otrora ocultas al ojo público.
Se ha dicho que el secuestro masivo de migrantes es un efecto de la diversificación de los ‘negocios’ del crimen organizado y se ha intensificado a últimas fechas. Sin embargo el tráfico de personas no es de ninguna manera un negocio nuevo y, sería ingenuo pensar que las matanzas y abusos lo sean también. Existe una paradoja fundamental en la manera en la que el Estado Mexicano—y otros estados—enfrentan la obligación de proteger los derechos fundamentales de los migrantes irregulares en su tránsito a través del territorio bajo su jurisdicción.
Sin embargo, cabe abordar el tema desde otra perspectiva además de la indignación que estos hechos provocan. ¿Quién viola derechos humanos? ¿Son realmente los derechos humanos y fundamentales de los migrantes los que están siendo atropellados con estas masacres? Además de las voces que demandan justicia y respuesta del gobierno a lo que es a todas luces un ato atroz, se debe ser muy cuidadoso cuando esta indignación y demanda de justicia se vuelca sobre el discurso de derechos humanos y termina, en el mejor de los casos, haciendo de el término un slogan todo poderoso para cualquier causa social.
Los gobiernos, el gobierno Mexicano, es el responsable de velar y garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos y derechos básicos reconocidos en el derecho internacional y nacional hacia extranjeros, regulares o irregulares. Es de tal suerte que, sólo los gobiernos, el estado Mexicano puede actuar de tal manera que estos derechos puedan ser violentados. Es decir, sólo un agente, agencia o persona actuando en nombre del estado puede infringir los derechos humanos de cualquier individuo. Los asesinos, secuestradores y ladrones atentan contra la propiedad y vida de las personas pero no sus derechos humanos; violentan la ley, pero como no son los encargados de velar por los derechos fundamentales de las personas, no pueden incumplir la prerrogativa de dejar hacer o permitir hacer nada a nadie. Estos criminales son sólo eso, sin importar la calidad de sus crímenes; que pueden atacar las nociones más fundamentales de humanidad.
Así es que podríamos decir, a ciencia cierta, que si bien el asesinato de migrantes en México es producto de la incapacidad del gobierno para atacar al crimen organizado, el gobierno Mexicano, en estos casos, no ha violado ni atacado los derechos fundamentales de ningún migrante. Y aclaro, sólo en este caso. ¿Pero, qué hay que hacer? Aquí nace una contradicción fundamental y my práctica en el terreno de la política migratoria que tiene que ver con los controles migratorios entre los estados. Idealmente, se podría pedir libre tránsito y sin restricciones para todos los ciudadanos del mundo, incluidos todos los migrantes irregulares que decidan ingresar a México. En la práctica sin embargo, estas decisiones acarrean consecuencias económicas, políticas y sociales que imprevisibles en el largo plazo y con fuertes efectos anti-populares en el corto plazo, especialmente en momentos de crisis económica y altos niveles de desempleo. Además, de tener el efecto de política exterior, negativo para México, de hacerle ver a los Estados Unidos que México no comparte sus preocupaciones de seguridad nacional en materia de migración. México tiene un interés doméstico y bilateral pro restringir el flujo de migrantes, especialmente irregulares en el territorio nacional.
¿Cómo proteger a los migrantes y restringir su entrada al mismo tiempo? La segunda parte es simple a primera vista, mantener altas las barreras de entrada. Sin embargo, hay preguntas subyacentes cómo: ¿qué hacer con aquellos migrantes en el territorio nacional que se han adentrado de forma irregular y requieren de sigilo, escondite y secrecía para lograr sus objetivos? Cómo puede el gobierno proteger a aquellos que se esconden. Es como tratar con una organización masiva que busca esconderse y prefiere arriesgarse a encontrar un grupo de polleros, zetas o paisanos que los pasen al otro lado que a las autoridad migratorias mexicanas, aunque en algunos casos haya poca diferencia y sean extorsionados y maltratados por estas mismas—lo que en algunos casos podría llamarse una violación de derechos fundamentales.
¿Cómo proteger a los que prefieren no ser protegidos? Un salvavidas protege pero no puede evitar a toda costa que la gente nade, sería negligente si no advierte y atiende a todos los que puedan o estén en peligro inminente y para eso construye su torre. Sin embargo, aquellos que deciden nadar fuera de su vista—esconderse—pueden ser advertidos por un letrero y aún así necesitarán probar su suerte, suerte de la que el salvavidas no puede ni debe ser responsable. Hay límites a la responsabilidad del gobierno, no todo asesinato es un asunto de derechos humanos, puede ser cruel e in humano y requerir el uso oportuno del la fuerza y autoridad pública para sancionar a los responsables. Recordemos que la ley, en un estado democrático y de libertades está condenada a actuar después del hecho. Habrá que revisar, sin embargo que la política de prevención e información de los peligros para los migrantes en México sea todo lo efectiva que puede ser.
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